El pasado 20 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional para eliminar siete organismos autónomos en México. La iniciativa, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue respaldada con 332 votos a favor y 119 en contra. La propuesta, que busca reducir lo que considera «gastos excesivos y burocracia elitista», ha generado debate y dudas sobre el destino de las funciones de estos organismos.
¿Qué son los organismos autónomos?
Los organismos autónomos son entidades públicas que operan fuera del control directo de los tres poderes del gobierno (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Están diseñados para ser independientes y no estar subordinados a ninguna otra institución, aunque coordinan sus acciones con el resto de los poderes. En México, hasta antes de la reforma, algunos de los principales organismos autónomos eran:
- Banco de México (Banxico)
- Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)
- Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
- Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)
- Fiscalía General de la República (FGR)
- Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
- Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)
- Instituto Nacional Electoral (INE)
¿Qué funciones tendrán los organismos desaparecidos?
La reforma aprobada implica la extinción de siete organismos autónomos, cuyas competencias se transferirán a diferentes dependencias del gobierno. Los principales cambios incluyen:
- INAI (Instituto Nacional de Transparencia): Su rol en la protección de datos personales y el acceso a la información se incorporará a la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.
- IFT (Instituto Federal de Telecomunicaciones): Sus tareas en la regulación de telecomunicaciones y radiodifusión se fusionarán con las de la Secretaría de Economía, creando un solo organismo descentralizado.
- Cofece (Comisión Federal de Competencia Económica): Su misión de promover la competencia en el mercado pasará a formar parte de la Secretaría de Economía, junto con el IFT.
- CRE (Comisión Reguladora de Energía) y CNH (Comisión Nacional de Hidrocarburos): Ambas se integrarán a la Secretaría de Energía, con la condición de mantener su independencia técnica.
- Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social): Este organismo encargado de medir la pobreza será absorbido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
- Mejoredu (Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación): Sus responsabilidades educativas se transferirán a la Secretaría de Educación Pública.
¿Qué pasará con la estructura y el control?
Según lo expuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum, las funciones de estos organismos autónomos serán asumidas por dependencias gubernamentales, algunas con el rango de organismos desconcentrados. Esto significa que, aunque seguirán siendo entidades con ciertas autonomías operativas, estarán bajo la estructura administrativa de las Secretarías correspondientes.
En el caso del INAI, que se disolverá por completo, sus funciones serán gestionadas por la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.
¿Cuál es el siguiente paso para la reforma?
Luego de su aprobación en la Cámara de Diputados, la reforma será enviada al Senado, donde deberá ser discutida y votada. Si es aprobada por una mayoría de dos tercios de los legisladores, pasará a los congresos locales. Para que la reforma sea validada, deberá ser aprobada por al menos 17 legislaturas estatales. Si este proceso avanza, la reforma regresará al Congreso de la Unión para su promulgación oficial.
