La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo una importante aclaración sobre el conflicto que ha enfrentado al gobierno mexicano con la empresa estadounidense Vulcan Materials. Este desacuerdo, que ha persistido durante varios años, tiene como foco principal las actividades de la mina que Vulcan posee en la región de Calica, en el sureste del país, y no debe ser entendido como una disputa de naturaleza comercial, sino estrictamente como un problema de impacto ambiental.
En una conferencia de prensa reciente, Sheinbaum subrayó que el asunto no tiene que ver con intereses comerciales, sino con los serios daños al medioambiente que se han generado debido a las operaciones de la mina en la península de Yucatán, una zona ecológicamente sensible. De acuerdo con la mandataria, mientras que otros proyectos de infraestructura, como el Tren Maya, han sido objeto de controversias y protestas por su impacto ambiental, la concesión a Vulcan y sus efectos destructivos en el ecosistema local no han recibido la misma atención, lo que considera una contradicción.
La mina de Calica ha sido señalada por sus graves afectaciones al entorno natural, incluida la extracción de materiales que han alterado paisajes, afectado cuerpos de agua y provocado la destrucción de ecosistemas esenciales en una de las áreas más biodiversas de México. El gobierno mexicano ha señalado que estos daños son inaceptables, en especial cuando la protección del medioambiente es una prioridad para la administración actual.
La postura de Sheinbaum también pone en evidencia una crítica hacia la falta de acción o preocupación por otros proyectos que han tenido consecuencias ecológicas, lo que genera una discusión sobre la coherencia y la transparencia en las políticas ambientales del país. Así, el gobierno mexicano sigue firme en su demanda de justicia ambiental, buscando restaurar el equilibrio ecológico de la región y asegurarse de que se respeten las normativas ambientales en todo el territorio nacional.
